Democracia directa, mecanismos de toma de decisión y legitimidad de las decisiones

Por Daniel Muñoz Acevedo. Académico del Departamento de Lingüística de la Universidad de Chile.  

Esto es una replica al articulo "La democracia de las bases" de Vicente Mellado.

Creo entender que la crítica de Nadine Faure en su posteo sobre “La democracia de los dirigentes” tiene que ver con la defensa del principio simple de que una vez votada una decisión de acuerdo a un sistema acordado por quienes votan, esta se debe entender como decisión legítima de quienes votaron. Por ello, quienes tienen responsabilidades representativas tienen como misión hacerlas valer en el resto del mecanismo de toma de decisiones del movimiento a niveles más generales, independientemente de sus juicios de valor personales respecto del contenido de esas decisiones. En concreto, esto significa que la decisión de reevaluar una votación debería tener como motivación la existencia de reparos importantes sobre la legitimidad de los mecanismos con los que se llegó a una votación determinada y, posteriormente, a su correspondiente resultado. En ese contexto, lo que ella considera ilegítimo es reevaluar una decisión sancionada sobre la base de lo que un sector (el que pierde, en este caso) considera que son consecuencias negativas de esa decisión respecto de sus interpretaciones individuales o grupales de las circunstancias internas y externas en las que la votación se ha desarrollado.

La interpretación que Nadine ofrece es, hasta donde entiendo, que el mecanismo de decisión de la organización de nuestra facultad no ha sido vulnerado en ninguno de sus aspectos inherentes, es decir, se expusieron las opciones, se llamó a todos aquellos que podían votar a votar, los que quisieron votaron y una mayoría ganó. Todo en regla, por ponerlo en términos simples. Sobre esos hechos, entonces, me parece razonable entender que la reevaluación de esa votación no procedería en la medida que no se han vulnerado ni los principios ni los procedimientos realizados para esa votación en particular.

No entendí tampoco que fuera el argumento de Nadine que la democracia directa fuera la causa de la polarización entre los estudiantes de la facultad, sino más bien que el deseo de aunar las voluntades y la participación respecto a cualquier agenda particular resulta más difícil en una democracia directa y esto constituye una característica natural en ella, toda vez que está orientada a asegurar espacios reales de participación individual. Esto no implica que el sistema o que el principio de una democracia directa sean perversos o inadecuados sino que, simplemente, conllevan riesgos para cualquier agenda que se pretenda llevar adelante. En este caso, la agenda “anti-cierre” corría el riesgo, como cualquier otra propuesta, de no contar con el apoyo de la mayoría de quienes podían votar (que, obviamente, incluye a más gente que a la que ha estado participando activamente del movimiento).

Lo que sí sería perverso, y en eso creo estar de acuerdo con Nadine, es que las decisiones de las asambleas sean reevaluadas (y, por definición, cuestionadas) sobre la base de una interpretación específica de sus consecuencias y no sobre la base de vicios en el procedimiento mismo de decisión.

En términos concretos, el hecho de que la Confech sufra de uno u otro conflicto interno (el que sea), o que se entienda que cerrar el semestre (o que el tema mismo del cierre) es un triunfo de la derecha pueden ser argumentos válidos para decidir posturas sobre el tema pero, una vez desarrollada una votación al respecto, si ese argumento pierde y no existen vicios en el procedimiento de decisión, entonces esa postura simplemente debe asumir una derrota política en el marco del sistema de toma de decisiones aceptado y legitimado por quienes decidían. Llamar a reevaluar una votación desarrollada bajo esas circunstancias resulta, por lo tanto, difícil de entender porque, necesariamente, una reevaluación implica que la decisión tomada originalmente tendría algo de malo (es inadecuada, estéril, errónea, ineficiente, o como sea que se juzgue) y que existen motivos para revisarla en pos de cambiarla (si no es para cambiarla, no tendría sentido reevaluarla).

Si no es por motivos de fallas en el procedimiento, una re-evaluación de una decisión tomada implicaría, necesariamente, deslegitimar el mecanismo de toma de decisión que se han otorgado quienes mismos decidieron. Ello porque ya no sería la limpieza del procedimiento de votación el que legitimaría y sancionaría las decisiones votadas sino la decisión posterior de las dirigencias (u otros grupos) respecto a si la decisión tomada es la mejor o la más adecuada. Si estos grupos lo estiman así, pueden por lo tanto congelar una decisión para su reevaluación. Dicha reevaluación tiene sentido solo si su propósito final es repetir la votación en los mismos términos originales o realizar una nueva. En ambos casos, el proceso original y su resultado resultaría, en los hechos, ya no solamente cuestionados sino que objetivamente invalidados (porque ya no valdrían como decisión y deben ser reemplazados por otras instancias y eventos de decisión).

En términos prácticos, el precedente quedaría instalado, finalmente, de que decisiones tomadas legítimamente en el marco de un mecanismo específico de organización (en este caso, las asambleas) no constituyen automáticamente decisiones del estamento estudiantil de la facultad, sino que estarán sometidas a eventuales reevaluaciones (léase cuestionamientos y potenciales invalidaciones) por parte de los grupos cuyas posiciones no fueron finalmente respaldadas mayoritariamente por quienes decidieron decidir. Un precedente así ciertamente implicaría cuestionamientos serios respecto de la legitimidad de las decisiones finales de una asamblea.

Esos cuestionamientos tendrían a su vez un efecto negativo inevitable en nuestra comunidad, en la medida que nuestra estructura política requiere de un estamento estudiantil robusto, bien organizado y, por sobre todo, representativo. Y para eso, quienes pertenecemos a los otros dos estamentos confiamos en que los mecanismos de organización estudiantiles aseguren que las posiciones mayoritarias y minoritarias hayan tenido espacios donde ventilarse y que las decisiones reflejen los acuerdos mayoritarios o, en caso de no existir acuerdos, las posiciones mayoritarias. La intervención post hoc en los procesos de toma de decisión vulnera claramente una presunción de representatividad en esos términos.

P.D.: Todo esto lo reflexiono a modo general sin saber qué sucedió después con esta reevaluación, cómo se llevó a cabo y cuál es la situación al respecto el día de hoy. Son cuestiones de principio, en todo caso, de modo que la coyuntura misma no afecta los puntos centrales aquí expuestos.